Fondo F-JC01 - Causa Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires sobre quiebra

"El Archivo Nacional de la Memoria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue creado por Decreto 1.259/2003 del 16 de diciembre de 2003, firmado por el entonces Presidente Néstor Kirchner, con el objeto obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. En ese decreto se le otorgó “carácter intangible al material testimonial, documental e informativo que integre el Archivo Nacional de la Memoria, por lo que el mismo deberá conservarse sin cambios que alteren las informaciones, testimonios y documentos custodiados”.
En 2003 el ANM comenzó a funcionar con un plantel pequeño en diversas oficinas y edificios gubernamentales. Ese mismo año, el Congreso de la Nación declaró nulas las leyes de Punto final y Obediencia Debida y dos años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se manifestó en la misma dirección al indicar la inconstitucionalidad de las mismas. Las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 que habían quedado frenadas comenzaron a abrirse nuevamente.
Por otra parte, la nueva orientación en materia de derechos humanos promovió la recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada. El 19 de marzo de 2004, el presidente Kirchner realizó una visita al Casino de Oficiales de la ESMA con un nutrido grupo de sobrevivientes que ingresaban por primera vez después de 20 años. El día 24, se llevó a cabo un acto en el predio donde el titular del Poder Ejecutivo Nacional y Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmaron un Acta Acuerdo donde se comprometía el desalojo por parte de la Armada y la creación de un espacio para la memoria y la promoción y defensa de los derechos humanos. También quedó conformada una Comisión bipartita integrada por representantes de las Secretarías de Derechos Humanos de la Ciudad y la Nación, encargada de la supervisión de la entrega del predio por parte de la Marina. Dicha Comisión inicialmente estuvo a cargo de las tareas que hacían a la planificación y uso del espacio como sitio de memoria. Posteriormente, hacia fines de 2005, la recopilación de materiales y la producción de contenidos destinados a transmitir lo ocurrido durante la dictadura recayeron sobre una Comisión ad hoc.
La inminente recuperación de la ESMA habilitó un intercambio entre distintos actores, y convocó a los organismos de derechos humanos para articular sus propuestas. Finalmente, se definió que la totalidad del predio quedaría disponible para el espacio de memoria tal como solicitaron los organismos de derechos humanos. La Armada, entonces, fue desalojando los edificios por tramos, y las últimas instituciones navales se retiraron en septiembre de 2007. Desde entonces se dispuso la apertura al público en general. El 30 de noviembre de ese mismo año se sancionó la ley de creación del Ente Público Espacio para la Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos como organización inter-jurisdiccional destinada a la definición y ejecución de políticas públicas de memoria en la ex ESMA. La misma sería presidida por un Órgano Ejecutivo integrado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, uno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un tercero en nombre del Directorio que nucleara a los organismos de derechos humanos. También se dispuso la creación de un consejo asesor conformado por los sobrevivientes de la ESMA que estuvieran dispuestos a participar.
Con la recuperación de la ESMA, en el año 2007 el Archivo Nacional de la Memoria instaló sus oficinas y dependencias en los edificios que había ocupado la Escuela de Guerra Naval, espacio donde funciona hasta la actualidad. Cuatro años después se añadió como espacio de guarda permanente de fondos la ex Panadería, edificio contiguo que fue rediseñado y modificado con el objeto de recibir los documentos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). Otro acontecimiento importante ese año fue la creación de la Coordinación de Investigaciones Históricas y la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales dentro de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales.
Desde su creación, el ANM ha ampliado permanentemente su acervo a partir de la recepción de diversos agrupamientos documentales por donación o transferencia. Asimismo, ha incorporado personal para los distintos procesos involucrados en la gestión de su documentación. Los equipos del Archivo han ofrecido y ofrecen, a su vez, capacitaciones a otras instituciones de todo el país, así como intercambios de experiencias mediante convenios y acuerdos de colaboración con entidades de carácter local, provincial, nacional e internacional, tanto del ámbito público como de la esfera privada.
En el año 2005 el ANM firmó un acuerdo marco de colaboración con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). En este marco, por medio de un convenio específico celebrado en el 2008 comenzó a funcionar en este espacio la Fototeca de la Asociación. Este Archivo sistematiza, preserva y pone a la consulta online documentos fotoperiodísticos que registran importantes acontecimientos de la historia política, social y cultural de nuestro país y el Cono Sur.
En relación al plano internacional, el ANM tiene un papel central en diversas instancias de articulación con otras instituciones archivísticas coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la sistematización y el intercambio de información sobre graves violaciones a los derechos humanos con otros países de la región, así como para la gestión y el seguimiento de desclasificaciones de documentos referidos a la Argentina obrantes en el extranjero.
Asimismo, el Archivo ha producido, publicado y difundido numerosas investigaciones sobre diversos temas de historia argentina reciente, a partir de su propio acervo y que han permitido además incrementar el patrimonio documental de la institución. Estas investigaciones, además, contribuyen al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, así como a la reparación de las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado.
También se han realizado numerosas muestras y contenidos gráficos y audiovisuales a partir del acervo del ANM, con el fin de promover los derechos humanos, destinados a diversos públicos y con una proyección de carácter federal.
En el año 2013, con motivo de los 10 años de la institución y los 30 años de la recuperación de la democracia, el ANM lanzó la Campaña Memoria es Futuro, con el objetivo de recibir donaciones particulares e institucionales de documentación referida a graves violaciones a los derechos humanos, preservarlas y ponerlas a la consulta. Dicha campaña fue relanzada en diciembre de 2020. Ese mismo año, se retomó el trabajo de articulación con los archivos provinciales que abordan la temática de derechos humanos (y en particular, lesa humanidad) a través de la convocatoria desde el ANM a la Red Federal de Archivos de la Memoria.
En la actualidad, y desde diciembre de 2019, el ANM se encuentra llevando adelante un proyecto de descripción normalizada de su acervo documental y de protocolización de todos los procesos involucrados, a los fines de adaptarse a la normativa internacional y buenas prácticas archivísticas y mejorar, en consecuencia, el acceso de toda la comunidad a la documentación que resguarda."

Después de la Declaración de la Independencia, el fracaso por establecer un poder central generó en 1820 el esfuerzo de las provincias por afirmarse como Estados autónomos. La autonomía de hecho se tradujo en autonomía de derecho, de provincias que ya no se correspondían con las amplias jurisdicciones determinadas por la Ordenanza de Intendentes de la administración borbónica, y emergían como sujetos políticos con epicentro en sus cabildos cabecera.
Entre las autoridades radicadas en Indias, el Cabildo adquirió a través de la costumbre, una relevancia superior a la que tenía en España. En el espacio que luego sería el territorio provincial funcionaban dos Cabildos, el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. Después de 1810, siguió rigiendo la vida urbana a través de sus ordenanzas, conservó sus funciones de justicia y se convirtió en el núcleo constitutivo de las nuevas entidades políticas, siendo importante para la campaña como instancia de apelación de las causas atendidas por los alcaldes de hermandad.
En la medida que las provincias se erigieron en entidades autónomas, para legitimar su poder debían establecer la división de poderes, lo que fue realizado con distintos matices y solidez jurídica. El objetivo era monopolizar el poder público, participando de una idea imperativa del derecho que reservaba la producción de las leyes a legislaturas unicamerales, encargadas de nombrar al Poder Ejecutivo, que tenía capacidad normativa. La construcción de los poderes ejecutivo y legislativo fue pasando por diversas instancias buscando lograr un equilibrio de poder; para lo cual era indispensable establecer atribuciones y límites de quienes dictaban las leyes, las ejecutaban y las aplicaban. Al no establecer estas pautas en un texto constitucional, cada cuestión debía ser cuidadosamente legislada para lograr la institucionalización del poder, lo que llevó a que la Sala de Representantes ocupara un lugar central cimentado en la pública deliberación donde se negociaban las decisiones políticas tomadas por el Gobierno.
Este proceso comenzó en Buenos Aires el 11 de febrero de 1820, cuando el Cabildo asumió el mando de la ciudad, su territorio rural convocó al vecindario a Cabildo abierto y se formó el 16 del mismo mes la Honorable Junta de Representantes, que al día siguiente designó gobernador a Manuel de Sarratea. La construcción de un Estado autónomo republicano requería de los tres poderes de cuya constitución, deslinde y equilibrio dependía la libertad civil e implicaba el enfrentamiento de la Junta de Representantes y el Gobernador con el Cabildo, generado por las múltiples facciones en pugna y orientado a controlar el poder provincial.
En este proceso, el Cabildo debía ser suprimido no solamente por la superposición de jurisdicciones, sino también porque su sustancia histórica lo hacía incompatible con un régimen representativo con equilibrio de poderes. Ese era el objetivo de la ley promulgada el 24 de diciembre de 1821, que, redactada para eliminar los cabildos, fue el fundamento institucional del primer ensayo de organización judicial como parte del embrionario Poder Judicial de un Estado en construcción, definiendo la participación de jueces legos y letrados en la administración de Justicia. (...) La ley finalmente acordada tenía doce artículos. El 1° suprimía los cabildos hasta que la representación creyera oportuno establecer la ley general de Municipalidades. Del artículo 2° al 9° se organizaba la nueva administración de justicia y del 10° al 12° la policía. La justicia ordinaria sería administrada por cinco jueces letrados de primera instancia, dos en la capital y tres en la campaña, con una dotación diferenciada. Las atribuciones, hasta la sanción de los códigos, serían las de los alcaldes ordinarios.
Hasta que se contara con un padrón y un plano topográfico, la jurisdicción de cada juez del territorio rural sería determinada por el Gobierno, que resolvió por decretos de 1822 dividirlo con los cursos de agua en primer departamento con sede en San Vicente (Chascomús), segundo en la Villa de Luján y tercero en San Nicolás (Arrecifes). Completaba la estructura judicial el Defensor de Pobres y Menores y el Procurador General, ambos letrados. En la ciudad los jueces se establecían por parroquia y en la campaña según considerara el gobierno. Sus atribuciones, hasta la sanción de los Códigos, eran juzgar en las demandas que las leyes y práctica vigente declarara verbales; arbitrar en las diferencias y en la campaña las de los alcaldes de hermandad. Los juzgados de campaña tuvieron corta vida y la justicia de primera instancia quedó solo en Buenos Aires con dos jueces civiles y dos criminales para atender toda la provincia. Ante la imprecisión sobre las antiguas atribuciones de los alcaldes de hermandad, que pasaban al nuevo juez local, y cuáles al comisario, la policía tuvo una vida azarosa hasta que, en 1831, el juez de paz asumió las funciones policiales y el 17 de febrero el Gobierno acordó que los jueces de paz cobraran el salario de los comisarios. Esta situación se mantuvo hasta la creación de la Policía de la Provincia en 1880, pero con la paulatina creación de comisarías en puntos de frontera.
Ante la falta de una organización municipal los jueces de paz acumularon numerosas y diversas funciones de gobierno y policiales. A esto se sumaba la estrecha relación entre el nombramiento de un juez de paz, el avance de la frontera y la conformación del mapa judicial, pues era una decisión que seguía estando ligada, como había ocurrido con los alcaldes de hermandad, a la configuración administrativa y política del territorio de un partido, aún sin tener el juez un pueblo en el cual establecer el juzgado.
En estos años, la persistencia de normas y procedimientos judiciales no invalidan las formulaciones novedosas que generaron cambios en la cultura jurídica en un largo proceso, que, iniciado en 1820, tuvo una primera etapa marcada por un breve ensayo de instalar jueces legos y jueces letrados en todo el espacio poblado.
En 1826 Buenos Aires fue declarada capital del poder nacional recientemente creado, medida que diezmó el poder económico de la provincia y suprimió las instituciones organizadas en 1821 y la Sala de Representantes. Después del fracaso de este proyecto se buscó la reorganización de la provincia, pero sobre la base político-jurídica que Rivadavia había dejado.
El intento descentralizador de la administración de justicia quedó latente y se concretó en 1853. A partir de allí la preocupación sobre la administración de justicia giró en torno a la organización y atribuciones jurisdiccionales y de gobierno del más alto tribunal, la descentralización judicial, la formación técnica de los magistrados, la fundamentación legal de las sentencias y la codificación.
Buenos Aires no juró la Constitución Nacional hasta 1860, pero sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba que el Poder Judicial, encabezado por el Superior Tribunal de Justicia, sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. La Constitución de 1873 le otorgó al Poder Judicial una nueva organización que hundía sus raíces en el pasado institucional a la vez que creaba la Suprema Corte de Justicia, instalada en 1875. En 1884 las autoridades provinciales debieron trasladarse a la nueva capital, la ciudad de La Plata; y en 1886 la Suprema Corte se instaló definitivamente en la Casa de Justicia.
En la actualidad, la Suprema Corte de Justicia está integrada por:
Soria, Daniel Fernando - Presidente
Kogan, Hilda - Vicepresidenta
Torres, Sergio gabriel - Ministro
Conte Grand, Julio Marcelo, - Procurador General