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Miguel Sánchez nació en el “Barrio de Las Moras” de Bella Vista, cabecera del Departamento Leales de la provincia de Tucumán. Era el más chico de 10 hermanos. A los 18 años decidió seguir los pasos de su hermana Elvira y se instaló junto a ella en una casa de la localidad de Villa España, Berazategui, donde militaba en una Unidad Básica y trabajaba en el Banco Provincia. Tras un fugaz paso por el fútbol en Gimnasia y Esgrima de La Plata, se dedicó al atletismo de maratón. Era corredor de fondo, federado por Independiente de Avellaneda. Compartía la pasión por el atletismo con su afición por la literatura. En 1976 comenzó a competir en importantes carreras de Argentina, Brasil y Uruguay hasta su desaparición forzada el 8 de enero de 1978, cuando es secuestrado de su casa por una patota de civil que vestía ropa deportiva. Tiempo después fue visto por última vez en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio "El Vesubio" ubicado cerca de la Autopista Ricchieri. Su hermana Elvira se dedicó a buscarlo convirtiéndose en una activista de derechos humanos.
La historia de Miguel Sánchez impactó especialmente al periodista italiano Valerio Piccioni del periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que publicó el libro La corsa de Miguel (La carrera de Miguel) y, el 9 de enero del 2000, organizó una carrera en su memoria que lleva el mismo nombre, los corredores llevaban en sus pechos el rostro de Miguel, y en la espalda su último poema “Para vos, atleta, que desprecias la guerra y ansías la paz”.
La iniciativa cruzó el Atlántico y se replicó en Argentina: en su pueblo natal tucumano, en su ciudad adoptiva Berazategui y también en la capital del país. En Buenos Aires desde 2012, el tramo de la calle Crisólogo Larralde que va de la Avenida Libertador hasta la avenida Lugones lleva su nombre: es el camino que conduce al CENARD, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo donde los atletas entrenan sus sueños. La Carrera de Miguel recibió el Premio Konex en el año 2020: Deportes, Mención Especial.
Al momento de su desaparición Miguel tenía 25 años. Su cuerpo no fue encontrado.

Manuel Félix Gallardo, vivió en Berazategui hacia la década del ’60, al lado de lo que era el Club Libertad. Ex policía, exonerado por su militancia, integró la Resistencia Peronista luego del golpe de Estado de 1955. Estaba recién salido de su tercer arresto por acciones militantes en la mencionada resistencia, cuando a otros tres jóvenes, tuvieron la iniciativa de generar una acción de resistencia conocida popularmente como “el robo del sable de San Martín”, el 12 de agosto de 1963. Cuenta Manuel que “El objetivo era mostrar que el peronismo seguía activo pese a todo. Las consignas eran el retorno de Perón; la devolución del cadáver de Evita, juicio y castigo a los fusiladores de León Suarez, desvinculación del FMI, anulación de los contratos petroleros y con los trust eléctricos. El sable estaba en el Museo Histórico Nacional. Nos juntamos en Constitución fuimos en un auto, estaba cerrado. Le dijimos al que cuidaba el lugar que éramos estudiantes tucumanos y no nos queríamos volver sin ver el sable y el museo. Entramos, retuvimos al guardia. Yo y otro compañero hoy desaparecido al que le decían el francés nos hacemos cargo de sacar el sable y llevárnoslo. Fue muy sencillo. Duró, como muchos, tres minutos (…). Después nos fuimos a ATE donde militaba en esa época. (…) Más tarde cuando íbamos a tomar una radio para interferirla y dar nuestra versión, nos detuvo la Policía.”
En un rápido comunicado que hicieron circular se adjudicaron el robo y exigían la libertad de los presos políticos y el derecho del pueblo a ejercer su voluntad, además de garantizar al pueblo que cuidarían el venerado sable usado en los combates de San Lorenzo y Maipú: “El pueblo no debe albergar ninguna preocupación: el corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestra madre; Dios quiera que pronto podamos reintegrarlo a su merecido descanso”.
Manuel fue detenido a los pocos días y salvajemente torturado. Cansado de la tortura y los golpes, decide adjudicarse el delito otorgándole nombres falsos a sus cómplices. Luego fue trasladado a la Unidad Penal N° 9 de La Plata. El sable fue entregado, por el ex capitán Phillipeaux, en las manos del General Lanusse quién a su vez se lo dio al General Juan Carlos Onganía, por entonces jefe del Ejército. Militares ambos que llegarían a gobernar el país en condición de dictadores.
Militante desde la Resistencia Peronista hasta sus últimos días, fue preso político de todos los gobiernos entre 1955 y 1972.

Marta nació en Atalaya, partido de Magdalena de la provincia de Buenos Aires. Desde pequeña vivió en la ciudad de La Plata, donde su familia se había radicado. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios, se recibió de maestra y a los 20 años se casó con Domingo Roque Alconada Aramburú. Tuvo cinco hijos: Domingo Roque, María Marta, Juan José, Federico Francisco y María Florencia. Conocida simplemente como Marta Alconada , sufrió la desaparición de su hijo mayor Domingo Roque, secuestrado el 22 de diciembre de 1976 en el marco de un procedimiento de gran despliegue de Fuerzas Conjuntas del Ejército y la Policía en el domicilio ubicado en calle 32 N° 390 de La Plata. Quedó acreditado en el marco del Juicio Circuito Camps que permaneció detenido ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de La Plata, en la Comisaría 5ta La Plata, la Guardia de infantería en 1 y 60 y La Cacha. Domingo era militante Montonero y fue responsable de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, a la que había ingresado en 1970. Al momento de su secuestro sólo le faltaban cinco materias para graduarse. Trabajaba en el Juzgado en lo Penal N° 2 de la ciudad de La Plata. Domingo permanece desaparecido.
A partir de su secuestro de Domingo, Marta comenzó una lucha junto a su esposo y sus hijos. Fue una de las primeras integrantes de las Madres de Plaza de Mayo, asistió a las rondas de los jueves desde el comienzo y sufrió la cárcel en su misión.​
Marta Alconada fue quien durante el mundial de fútbol de 1978 clamó frente a las cámaras de un periodista holandés que las Madres querían saber “algo de sus hijos, si tienen hambre, si tienen frío, si están enfermos, donde están”. En imágenes que recorrieron el mundo entero pidió a la prensa extranjera: “por favor hagan algo, por favor díganlo”. En una famosa imagen de archivo, Marta Moreira de Alconada Aramburú le dijo al periodista: “Ayúdennos, ustedes son nuestra última esperanza”.
Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Brasil, viajó hasta allí para entrevistarse con él y pedirle ayuda en la búsqueda de los desaparecidos. Emprendió tareas de ayuda benéficas en los hospitales y en la obra del padre Carlos Cajade.

Noemí nació en la ciudad de La Plata, sus padres eran italianos y venía de una familia apasionada por el arte y la música. Desde chica se inclinó por la danza, la ópera y la pintura, estudió en el Liceo y en Bellas Artes y se recibió de profesora. Se dedicó al dibujo técnico y fue docente en escuelas industriales de La Plata y en el Astillero Río Santiago. En 1952 se casó con Rubén Ogando y tuvo dos hijos, Gustavo y Liliana. A Gustavo lo asesinaron las fuerzas conjuntas el 13 de mayo de 1977 cuando tenía 23 años, estaba casado con María Victoria Navajas Jáuregui, quien también fue desaparecida. Al no tener noticias, Noemí comenzó la búsqueda junto a su familia, mostrando sus fotos en los negocios de distintas localidades del conurbano. Un año y medio más tarde, en diciembre de 1978, en un almacén de Lomas de Zamora, dieron con vecinos que los reconocieron y pudieron dar testimonio de lo que había sucedido.
En el año 1978 Noemí se incorporó a Madres de Plaza de Mayo, del que fue parte hasta sus últimos días. Nunca recuperó el cuerpo de su hijo.

Después de la Declaración de la Independencia, el fracaso por establecer un poder central generó en 1820 el esfuerzo de las provincias por afirmarse como Estados autónomos. La autonomía de hecho se tradujo en autonomía de derecho, de provincias que ya no se correspondían con las amplias jurisdicciones determinadas por la Ordenanza de Intendentes de la administración borbónica, y emergían como sujetos políticos con epicentro en sus cabildos cabecera.
Entre las autoridades radicadas en Indias, el Cabildo adquirió a través de la costumbre, una relevancia superior a la que tenía en España. En el espacio que luego sería el territorio provincial funcionaban dos Cabildos, el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. Después de 1810, siguió rigiendo la vida urbana a través de sus ordenanzas, conservó sus funciones de justicia y se convirtió en el núcleo constitutivo de las nuevas entidades políticas, siendo importante para la campaña como instancia de apelación de las causas atendidas por los alcaldes de hermandad.
En la medida que las provincias se erigieron en entidades autónomas, para legitimar su poder debían establecer la división de poderes, lo que fue realizado con distintos matices y solidez jurídica. El objetivo era monopolizar el poder público, participando de una idea imperativa del derecho que reservaba la producción de las leyes a legislaturas unicamerales, encargadas de nombrar al Poder Ejecutivo, que tenía capacidad normativa. La construcción de los poderes ejecutivo y legislativo fue pasando por diversas instancias buscando lograr un equilibrio de poder; para lo cual era indispensable establecer atribuciones y límites de quienes dictaban las leyes, las ejecutaban y las aplicaban. Al no establecer estas pautas en un texto constitucional, cada cuestión debía ser cuidadosamente legislada para lograr la institucionalización del poder, lo que llevó a que la Sala de Representantes ocupara un lugar central cimentado en la pública deliberación donde se negociaban las decisiones políticas tomadas por el Gobierno.
Este proceso comenzó en Buenos Aires el 11 de febrero de 1820, cuando el Cabildo asumió el mando de la ciudad, su territorio rural convocó al vecindario a Cabildo abierto y se formó el 16 del mismo mes la Honorable Junta de Representantes, que al día siguiente designó gobernador a Manuel de Sarratea. La construcción de un Estado autónomo republicano requería de los tres poderes de cuya constitución, deslinde y equilibrio dependía la libertad civil e implicaba el enfrentamiento de la Junta de Representantes y el Gobernador con el Cabildo, generado por las múltiples facciones en pugna y orientado a controlar el poder provincial.
En este proceso, el Cabildo debía ser suprimido no solamente por la superposición de jurisdicciones, sino también porque su sustancia histórica lo hacía incompatible con un régimen representativo con equilibrio de poderes. Ese era el objetivo de la ley promulgada el 24 de diciembre de 1821, que, redactada para eliminar los cabildos, fue el fundamento institucional del primer ensayo de organización judicial como parte del embrionario Poder Judicial de un Estado en construcción, definiendo la participación de jueces legos y letrados en la administración de Justicia. (...) La ley finalmente acordada tenía doce artículos. El 1° suprimía los cabildos hasta que la representación creyera oportuno establecer la ley general de Municipalidades. Del artículo 2° al 9° se organizaba la nueva administración de justicia y del 10° al 12° la policía. La justicia ordinaria sería administrada por cinco jueces letrados de primera instancia, dos en la capital y tres en la campaña, con una dotación diferenciada. Las atribuciones, hasta la sanción de los códigos, serían las de los alcaldes ordinarios.
Hasta que se contara con un padrón y un plano topográfico, la jurisdicción de cada juez del territorio rural sería determinada por el Gobierno, que resolvió por decretos de 1822 dividirlo con los cursos de agua en primer departamento con sede en San Vicente (Chascomús), segundo en la Villa de Luján y tercero en San Nicolás (Arrecifes). Completaba la estructura judicial el Defensor de Pobres y Menores y el Procurador General, ambos letrados. En la ciudad los jueces se establecían por parroquia y en la campaña según considerara el gobierno. Sus atribuciones, hasta la sanción de los Códigos, eran juzgar en las demandas que las leyes y práctica vigente declarara verbales; arbitrar en las diferencias y en la campaña las de los alcaldes de hermandad. Los juzgados de campaña tuvieron corta vida y la justicia de primera instancia quedó solo en Buenos Aires con dos jueces civiles y dos criminales para atender toda la provincia. Ante la imprecisión sobre las antiguas atribuciones de los alcaldes de hermandad, que pasaban al nuevo juez local, y cuáles al comisario, la policía tuvo una vida azarosa hasta que, en 1831, el juez de paz asumió las funciones policiales y el 17 de febrero el Gobierno acordó que los jueces de paz cobraran el salario de los comisarios. Esta situación se mantuvo hasta la creación de la Policía de la Provincia en 1880, pero con la paulatina creación de comisarías en puntos de frontera.
Ante la falta de una organización municipal los jueces de paz acumularon numerosas y diversas funciones de gobierno y policiales. A esto se sumaba la estrecha relación entre el nombramiento de un juez de paz, el avance de la frontera y la conformación del mapa judicial, pues era una decisión que seguía estando ligada, como había ocurrido con los alcaldes de hermandad, a la configuración administrativa y política del territorio de un partido, aún sin tener el juez un pueblo en el cual establecer el juzgado.
En estos años, la persistencia de normas y procedimientos judiciales no invalidan las formulaciones novedosas que generaron cambios en la cultura jurídica en un largo proceso, que, iniciado en 1820, tuvo una primera etapa marcada por un breve ensayo de instalar jueces legos y jueces letrados en todo el espacio poblado.
En 1826 Buenos Aires fue declarada capital del poder nacional recientemente creado, medida que diezmó el poder económico de la provincia y suprimió las instituciones organizadas en 1821 y la Sala de Representantes. Después del fracaso de este proyecto se buscó la reorganización de la provincia, pero sobre la base político-jurídica que Rivadavia había dejado.
El intento descentralizador de la administración de justicia quedó latente y se concretó en 1853. A partir de allí la preocupación sobre la administración de justicia giró en torno a la organización y atribuciones jurisdiccionales y de gobierno del más alto tribunal, la descentralización judicial, la formación técnica de los magistrados, la fundamentación legal de las sentencias y la codificación.
Buenos Aires no juró la Constitución Nacional hasta 1860, pero sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba que el Poder Judicial, encabezado por el Superior Tribunal de Justicia, sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. La Constitución de 1873 le otorgó al Poder Judicial una nueva organización que hundía sus raíces en el pasado institucional a la vez que creaba la Suprema Corte de Justicia, instalada en 1875. En 1884 las autoridades provinciales debieron trasladarse a la nueva capital, la ciudad de La Plata; y en 1886 la Suprema Corte se instaló definitivamente en la Casa de Justicia.
En la actualidad, la Suprema Corte de Justicia está integrada por:
Soria, Daniel Fernando - Presidente
Kogan, Hilda - Vicepresidenta
Torres, Sergio gabriel - Ministro
Conte Grand, Julio Marcelo, - Procurador General

Fue la primera policía provincial de la República Argentina. En 1820, durante la gobernación del general Martín Rodríguez y por influencia de su ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores Bernardino Rivadavia, se modificaron los regímenes imperantes desde la época de la fundación. Con la supresión de los Cabildos se creaba la Justicia de Primera Instancia, los Jueces de Paz, y el empleo de Jefe de Policía y de comisarios para todo el territorio bonaerense. Con la designación de don Joaquín de Achaval para ocupar la flamante jefatura, Rivadavia creaba la Primera Policía de Seguridad del Estado en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sus reglamentos y estructuras orgánicas sirvieron en diversas ocasiones de modelo para la concreción de fuerzas policiales en otros países. Sus filas fueron integradas por hombres de la guerra, de las artes, de las ciencias, en el de la jurisprudencia y la investigación.
En la década de 1880, Argentina necesitaba consolidarse como nación. La provincia cedió su capital, la ciudad de Buenos Aires, para asiento de las autoridades federales. Y junto con el territorio, también entregaron los organismos administrativos, entre ellos las dependencias y personal policial que figuraban en el territorio cedido, conformándose además la Policía de la Capital. El viejo edificio aledaño al Cabildo, que desde los tiempos de Rivadavia había sido asiento del Departamento General de Policía, albergó por unos años más a los órganos conductivos de ambas policías: la de Ciudad de Buenos Aires recién creada y la de la Provincia ya existente. El viejo edificio aledaño al Cabildo, que desde los tiempos de Rivadavia había sido asiento del Departamento General de Policía, albergó por unos años más a los órganos conductivos de ambas policías: la de Ciudad de Buenos Aires recién creada y la de la Provincia ya existente. El 14 de enero de 1884, la sede central de la Policía de la Provincia se afincó en la ciudad de La Plata.
Allí, Juan Vucetich creó el Sistema Dactiloscópico Argentino adoptado por todo el mundo a propuesta de la Academia de Ciencias de París, luego que Vucetich recorriera el planeta comisionado por el gobierno y en representación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Divulgó su obra en la mayoría de las capitales y fue creador de la primera cédula de identidad de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y otros países de Latinoamérica; creó y organizó la documentación de identidad en la república de China y su método fue copiado por la mayoría de las capitales europeas y asiáticas de esos tiempos. Creó el registro Provincial de la Personas; inspirador de la Ley de enrolamiento y régimen electoral; y pionero de una oficina internacional de policía, actual INTERPOL.
El tránsito de la institución por el siglo XX fue de crecimiento, adaptándose a los requerimientos cada vez mayores de la sociedad bonaerense, que proveía los medios para el desarrollo y modernización, a cambio de un servicio social y humano que iba más allá de la seguridad, como es el caso de las funciones de policía judicial. Durante un siglo la Policía de la Provincia tuvo a su cargo la instrucción de los sumarios judiciales bajo la supervisión de jueces que garantizaban la juridicidad.
Los Institutos de formación, como el Liceo Policial (en su momento, único en América), la Escuela de Cadetes Juan Vucetich y la Academia Superior fueron modelos de otras provincias y de países vecinos. Hoy, disuelta, la Escuela de Suboficiales y el Liceo Policial, permanece la Escuela Juan Vucetich.
Jefe de Policía: Villar, Javier Carlos. Comisario General (2023/12/11 - hasta la actualidad)

LS11 inició sus transmisiones el 18 de febrero de 1937 en la frecuencia 1310 kHz,​ unos meses antes que LRA Estación de Radiodifusión del Estado (la actual Radio Nacional Argentina), desde el Pasaje Dardo Rocha en La Plata.
La programación de entonces incluía programas humorísticos, radioteatros, relatos deportivos, informativos y recitales de música popular: tango, folklore y jazz.
Si bien se presentaba como el “primer broadcasting oficial de un estado argentino”, en referencia a la provincia de Buenos Aires, ya desde 1927 existía Radio Municipal, de la Ciudad de Buenos Aires.
Años más tarde pasaría a la actual frecuencia 1270 kHz y desde 1972 tiene su sede en el Palacio Achinelly, a una cuadra de la plaza Moreno.
El gobernador que la inauguró, Manuel Fresco, firmó un decreto para tomar juramento a la bandera a cientos de miles de estudiantes que lo escuchaban desde las plazas de la provincia. Durante años, con auditorios llenos, Radio Provincia produjo conciertos de destacados artistas populares como Atahualpa Yupanqui, Edmundo Rivero, Aníbal Troilo y el Chango Nieto. El archivo sonoro guarda las primeras transmisiones durante la última dictadura y el regreso a la democracia con el gobernador Antonio Cafiero, haciendo su propio programa.
En 1999 se incorporó una emisora de FM en la frecuencia 97.1 MHz2​ y a mediados de 2002 comenzó a transmitir su señal vía satélite. Poco después, el 10 de abril de 2003, aparece su sitio web.
Entre 2007 y 2015, participaron de la programación figuras como Tom Lupo, Antonio Tarragó Ros, Lito Cruz y Nora Cárpena.
Bajo la gobernación de Axel Kicillof, la dirección está a cargo de Marcelo Figueras​ y la radio relanzó su programación, incluidos pódcast​ y una agencia de noticias.
Radio Provincia es la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Tiene sus estudios centrales en La Plata y cuenta con otros alternativos en la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires1​ y en la rambla de Mar del Plata.

Abogado y politólogo, Ramón nació en la ciudad de La Plata. Fue dirigente estudiantil entre 1957 y 1960, integró el Comité de Huelga durante la huelga universitaria de 1958 en defensa de la enseñanza pública, fue uno de los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional en 1966. Participó activamente en la resistencia contra las dictaduras. Fue detenido en 1960, 1961, 1968, 1969 y 1976, habiendo permanecido diez años en la cárcel.
Fue abogado de Abuelas de Plaza de Mayo entre 1984 y 2007, de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (1983-1992). Abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (1984 – 2007). Abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (1984-1986). Miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata (1986-2006). Co-Presidente de la Asociación Americana de Juristas, Filial La Plata (1987- 1990). Miembro del Consejo de Presidencia de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas (1988-1991). Vicepresidente de la Defensoría Integral del Menor de La Plata (1988-1990). Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas Rama Argentina (1991 – 2000). Miembro del Consejo de Presidencia del Instituto de Diseño de Estrategias Argentinas (2002 – 2003). Abogado de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas (2003 -2007). Miembro fundador de la Asociación Nacional de Profesores de Historia Jurídica Argentina (2004).
Intervino en unos 340 casos por delitos de lesa humanidad, entre ellos los juicios a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cárcel de Rawson y plan sistemático de sustracción de niños. Efectuó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las dos primeras denuncias por la impunidad de una América, que culminaron con la condena al Estado argentino por la aplicación de las leyes de Punto final, Obediencia debida y Decretos de indultos. Efectuó el primer pedido de nulidad de esos Decretos logrando la Resolución de inconstitucionalidad en 2004.
Como funcionario público se desempeñó como Asesor de la Presidencia en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973-1974). Asesor Letrado del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Santa Cruz (1974). Fiscal de Primera Instancia ante los Juzgados Penal y Civil, Comercial y Laboral de Río Gallegos (1974-1976). Fiscal Subrogante del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (1975-1976). Asesor de la Presidencia en el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (1987-1988). Asesor de la Municipalidad de Florencio Varela (1988-1989). Convencional Nacional Constituyente (1994). Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (1994-1997). Diputado de la Nación. (1997-2001). Secretario de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación (1997-1999). Prosecretario de la Comisión Bicameral de seguimiento de la reestructuración de las Fuerzas Armadas. (1997-1999). Vicepresidente 2º de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. (2000-2001). Secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados (2000-2001). Miembro de la Comisión Especial de Políticas Carcelarias en América Latina y el Caribe del Parlamento Latinoamericano. (2000). Presidente del bloque de Diputados Nacionales del Frente para el Cambio (2001). Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (2000- 2001). Director Ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (2004-2007). Representante del Estado ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (2005-2015). Director del Banco Nacional de Datos Genéticos (2006). Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, (2007-2015). Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Como docente, se desempeñó como auxiliar docente de Sociología (1964-1966), profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1973-1974) y profesor en la Universidad Nacional de La Plata (1984-2019). Fue también profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (1992-2004), en la Facultad de Trabajo Social (1994-2004) e investigador de la Universidad Nacional de La Plata.
Formó parte de la conducción nacional del peronismo de las bases en 1985 y 1990, del encuentro popular 1990 y 1993. Fue uno de los fundadores del Frente Grande en 1993.
Es autor de 13 libros, entre ellos "Unitarios y federales en la historia argentina", "Juan Facundo Quiroga de la leyenda a la historia", "Dictadura, democracia, revolución", "Las guerrillas en la Argentina, análisis político y militar", "Historia constitucional argentina".
Recibió distinciones nacionales e internacionales por su labor en defensa de los derechos humanos.

Susana nació y creció en la localidad de Sierras Bayas como única hija de Omar Benini y Orieta Ragonesse. Estudió en la Escuela de Servicio Social de Olavarría, y fue en esos años donde inició su militancia en la Juventud Peronista y estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires en donde militó en la Juventud Universitaria Peronista.
Fue secuestrada en su domicilio de la calle General Paz 1865 en los primeros días del mes de enero de 1978, y conducida en un camión del Ejército hasta el Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 2, para luego ser trasladadas desde allí al CCDyE La Huerta de Tandil, en el baúl de un automóvil. En el referido CCDyE permaneció aproximadamente un mes en condiciones inhumanas de detención, siendo sometida a interrogatorios y tormentos en razón de su militancia política. El 10 de febrero de ese mismo año, previo paso momentáneo por la comisaría 1° de Tandil, fue alojada en la Unidad Penal 7 de Azul anotada a disposición del Área 123 y en el mes de mayo trasladada a la Compañía de Intendencia nro. 101 de la Capital Federal, donde fue condenada por el Consejo de Guerra Especial Estable 1/1 a las penas de 12 años de prisión. Finalmente, el 10 de julio de 1978 fue alojada en la Unidad 21 de Ezeiza desde donde Susana recuperó su libertad el 10 de enero de 1982, una vez cumplidas la pena impuesta. De regreso a Olavarría, transcurrió sus días en internaciones psiquiátricas recurrentes hasta su fallecimiento. Sus cenizas descansan en el Parque de la Memoria local.
Su caso fue juzgado en el marco de la “Causa Monte Peloni II”. En ese juicio se investigaron los crímenes cometidos contra veintinueve víctimas en la Subzona 12 –que comprendía los partidos de Tandil, Las Flores y Olavarría, entre otros-. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata condenó a trece acusados por secuestros, torturas y desapariciones –en algunos casos también por homicidios, violación y robo-, mientras que otros diez resultaron absueltos por el beneficio de la duda o por falta de acusación. Entre los condenados se encuentran Oscar José Bardelli, integrante de la Subzona 12; Roberto Jorge Casares, Eduardo Héctor Bernadou, Osvaldo Miguel Guarnaccia, de las áreas 121 y 124; y el ex comisario Argentino Alberto Balquinta, todos ellos condenados a prisión perpetua, en línea con el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal. En total las víctimas fueron 29.

Stella Calloni nació en el Departamento de La Paz, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Cursó sus primeros estudios en su provincia y luego se trasladó a Buenos Aires para completar su formación. Participó en los años 60 junto a Zelmar Michelini, Gregorio Selser, Marcelo Quiroga Santa Cruz y una serie de periodistas e intelectuales de la región en el proyecto del Movimiento de Unidad Latinoamericana. Realizó su primera cobertura periodística internacional durante las elecciones chilenas de 1970. Durante la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina desde 1976 a 1983 se exilió en México y Panamá. En México fue Investigadora del Consejo Nacional de Cultura para los Trabajadores, y guionista de documentales sobre temáticas sociales en ese país y Centroamérica. Trabajó como editora de la revista Formato Dieciséis y como guionista del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá. De regreso en Argentina en 1993 dictó seminarios de política exterior en la Universidad Nacional de la Plata y en otras universidades del país.
Trabajó en diversos medios de prensa de América Latina. Colaboró en revistas de Estados Unidos, Francia e Italia. Fue corresponsal en zonas de conflicto y de guerra de liberación Centroamericanas y en el norte de África. Ha publicado varios libros, entre ellos: El hombre que fue yacaré (cuentos), finalista en Casa de las Américas en 1992; Los Años del Lobo. Operación Cóndor (con más de cinco ediciones agotadas); América Latina siglo XXI. Recolonización o independencia; Mujeres de fuego. Historias de amor, arte y militancia. Varios de sus poemas fueron traducidos al inglés. ha entrevistado a distintos Jefes de Estado, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Daniel Ortega, Salvador Allende, Omar Torrijos, James Carter, Yaser Arafat, Muamar Khadafi y Felipe González, entre otros. Sus libros Los años del lobo: la Operación Cóndor (1999) y Operación Cóndor, pacto criminal (2006) reúnen parte de sus investigaciones sobre la operación conocida como "Plan Cóndor". Coordinó y escribió junto a dos jóvenes colaboradores, Operación Cóndor 40 años fue publicado después por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Argentina Categoría II UNESCO.Recibió premios y reconocimientos entre ellos, el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, el Premio Escuela de Periodismo TEA, la Distinción "Félix Elmuza" de la Unión de Periodistas de Cuba, la Orden de la Independencia Cultural "Rubén Darío", el Premio "Rodolfo Walsh" de la Universidad Nacional de La Plata y el Latinoamericano de Periodismo de la Federación de periodistas Latinaomericanos (FELAP). Ha sido Personalidad destacada en el ámbito de los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y Embajadora Cultural Entrerriana ad honorem por disposición del Gobierno de la provincia de Entre Ríos.